MÁS TELETRABAJO PARA EMPLEADOS PÚBLICOS EN ANDALUCÍA

🏠 Más teletrabajo para empleados públicos en Andalucía: el nuevo Decreto sometido a información pública

La Junta de Andalucía ha presentado un proyecto de decreto que busca ampliar y regular el teletrabajo en la Administración pública andaluza. Actualmente en fase de información pública, esta iniciativa pretende modernizar la función pública y ofrecer mayor flexibilidad laboral.

📌 Principales novedades del proyecto de decreto

• Incremento de días de teletrabajo: Se propone aumentar de uno a dos los días de teletrabajo semanales para el personal funcionario y laboral de la Junta. Además, se contempla la posibilidad de ampliar hasta tres días (60% de la jornada semanal) si así lo autoriza el Consejo de Gobierno, tras evaluar su aplicación y cumplimiento de objetivos.🔗 Noticia en Diario de Sevilla

• Modalidad excepcional de cuatro días: Para ciertos puestos específicos, especialmente aquellos que basan su actividad en el uso de herramientas digitales y cuya tarea se puede desempeñar de manera telemática sin afectar al servicio al ciudadano, se permitirá teletrabajar hasta cuatro días a la semana.

• Requisitos para acceder al teletrabajo:

  • Haber desempeñado el puesto de forma presencial durante al menos seis meses.

  • Disponer de una conexión a internet propia, ya que la Junta proporcionará los medios técnicos pero no la conexión.

• Derechos y deberes: El personal teletrabajador tendrá los mismos derechos y deberes que el resto del personal, incluyendo el derecho a la desconexión digital y al descanso necesario.

• Revocación del teletrabajo: El incumplimiento reiterado de objetivos o de la jornada y el horario de trabajo podrá suponer la revocación de la autorización para teletrabajar.

  
  

📄 Documentos oficiales del Decreto

• 🔗 Borrador del Proyecto de Decreto – Junta de Andalucía (PDF)

• 🔗 Publicación en el BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía)

  
  

🗓️ Próximos pasos

El proyecto de decreto se encuentra en fase de información pública, permitiendo a la ciudadanía y organizaciones presentar alegaciones. Una vez finalizado este periodo, se procederá a su aprobación definitiva, con la intención de que entre en vigor a principios de 2026.